Quiénes y por qué están en contra de la “Consulta anticorrupción”

La votación de la esperada Consulta* Anticorrupción se llevará a cabo este domingo en Colombia y los promotores y críticos están afilando sus mejores argumentos para persuadir a los electores. Los promotores están recorriendo el país hablando directamente con los ciudadanos, mientras que lo detractores están organizando una campaña de oposición en redes sociales y medios de comunicación.

Pero ¿quiénes están en contra de la consulta y por qué? Esta es una pregunta difícil de responder considerando que la propuesta fue aprobada de manera unánime por parte del senado de la república; todos los partidos y candidatos presidenciales demostraron su apoyo a la iniciativa en los debates, incluido el presidente Iván Duque y el líder del Centro Democrático (partido mayoritario en el congreso) Álvaro Uribe.

No hay un consenso entre el grupo de figuras públicas que están en contra de la iniciativa y pocos se han atrevido de argumentar públicamente en contra de los 7 puntos que serán votados.

El llamado a la abstención

Antes del 7 de agosto, fecha del cambio de gobierno, muchos creían que el nuevo gobierno y su partido estaban apoyando la iniciativa o, al menos, no la estaban boicoteando. Todo cambió cuando una periodista de Noticias Uno se infiltró y grabó la reunión del Centro Democrático posterior al discurso de posesión de Iván Duque, en donde se supo que el senador Uribe no estaba apoyando la consulta. Al siguiente día, Uribe declaró en un sesión del senado que prefería apoyar el proyecto de ley radicado por el ejecutivo en el cual se proponían varios puntos similares a los de la consulta, calificando el proyecto como «más completo»

Prefiero apoyar la legislación propuesta por el presidente Iván Duque, que es mucho más completa, para enfrentar la corrupción pic.twitter.com/fB7LS7LWdT

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 8, 2018

La semana pasada, el congresista del Centro Democrático y presidente del senado Ernesto Macías, manifestó que no apoya la consulta debido al alto costo de la misma (más de 300 mil millones de pesos) y porque está en contra de reducir el salario de los congresistas (punto 1 de la consulta).

Posteriormente, algunos líderes del conservadurismo, incluidos las figuras más importantes del Centro Democrático, promovieron el hashtag #SinGastar300MilMillones, criticando también los altos costos de la votación y promoviendo el proyecto de ley presentado por el presidente Duque.

El combate a la corrupción no requiere consulta#SinGastar300MilMillones pic.twitter.com/BobcJDAGyW

— Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) August 19, 2018

Por su parte, el presidente Duque ha ratificado en diferentes ocasiones su apoyo a la consulta, lo cual confirma la frase de la senadora Paloma Valencia en la reunión pos-posesión presidencial: «una cosa es el gobierno y otra el Centro Democrático».

Sin importar si la consulta logra obtener los 12 millones de votos necesarios o no, el presidente Duque y su bancada legislativa han prometido seguir adelante con su propuesta de ley anti-corrupción. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la actual Consulta Anticorrupción y pasó por el congreso 8 veces sin ser aprobada entre 2014 y 2017, hecho que explica por qué el Partido Verde decidió convertirla en una iniciativa ciudadana que derivó en la votación por venir.

Los que votan en contra (de algunos puntos)

Varios periodistas y académicos se han pronunciado en contra de algunos puntos de la consulta porque consideran que ya hay leyes que contemplan las sanciones propuestas o las consideran ineficientes para acabar con la corrupción.

La columnista de El Tiempo Maria Isabel Rueda argumenta que «el 98% de las propuestas ya existen en nuestro ordenamiento jurídico». Explica que, por ejemplo, el mandato de declarar ingresos, renta y patrimonio para servidores públicos antes y después de su periodo (punto 6), ya existe en el artículo 13 de la ley 190 de 1995.

La terminación unilateral de contratos con personas declaradas culpables de corrupción (punto 2) también existe en la ley 180 de 1993, así como la prohibición de casa por cárcel para corruptos en la ley 1474 de 2011. Gustavo Álvarez Gardeazabal calificó las preguntas como «populistas», argumentando que tales mandatos ya existen así no sean aplicados.

Académicos como John Fernando Restrepo, constitucionalista y profesor universitario, nos manifestó que el punto 1 (reducir el salario de los congresistas) y el punto 2 están en contra del espíritu del Estado Social de Derecho comulgado por la constitución de 1991, porque los salarios no pueden ser decididos por voto popular y nadie puede ser castigado con pena perpetua de ningún tipo (como la prohibición de volver a contratar con el Estado) bajó este ordenamiento jurídico.

Para alcanzar los 12 millones de votos necesarios para aprobar la iniciativa ciudadana, los promotores tendrán que luchar, también, contra la apatía y desinformación; algunas noticias falsas se han difundido a través de cadenas de whatsapp y facebook, diciendo que los promotores ganarían 5000 pesos por cada voto o que el salario mínimo también se reduciría si la consulta alcanza suficientes votos.

Muchos consideran que alcanzar ese umbral de votación es imposible con la oposición tácita del Centro Democrático y las élites conservadores regionales, quienes podrían persuadir a los 10 millones de ciudadanos que votaron por Iván Duque a la presidencia para que se abstengan de votar. Los promotores tendrán que apelar al sentimiento nacional más allá de las ideologías para poder convencer a los colombianos que consideran la iniciativa como una plataforma de los líderes del Partido Verde para ganar mayor poder político.

 

Nota: una consulta es un mecanismo de participación ciudadana diferente al plebiscito y al referendo. Es una iniciativa ciudadana, mientras que las demás son propuestas desde el gobierno, y crean un mandato que no puede ser modificado por el congreso o el presidente.