¿Exageración o justicia?

Ayer se conoció la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a Claro (antes Comcel), por más de 45 millones de dólares, sanción que se convierte en la más costosa que ha impartido el Estado colombiano a una empresa privada.

La infracción por la que se multa a la multinacional propiedad del magnate Carlos Slim, se basó en la revisión de los casos de 8 usuarios, que presentaron sus quejas por la demora presentada por la compañía en el desbloqueo de los teléfonos de estos usuarios.

A simple vista parece una sanción salida de todas las proporciones, sobre todo cuando se escucha a Juan Carlos Archila, presidente de Claro Colombia, hablar sobre la diferencia que presenta el valor de esta multa con respecto al valor de otra multa aplicada a una compañía del sector por haber puesto trabas para el cambio de operador de unos usuarios que usaban su derecho de portabilidad numérica. En esa oportunidad, dice Archila, la SIC multó a la empresa en cuestión, por un valor de 229 millones de pesos, cifra muy inferior a la que hoy le imponen a Claro Colombia.

Sin embargo a la compañía se le olvida algo a la hora de justificar el recurso de reposición que presenta hoy (5 de septiembre del 2013). Claro Colombia tiene una Posición Dominante en el mercado colombiano de la telefonía móvil, lo que se traduce como la posibilidad de generar beneficios extra normales al poder reducir la oferta y la inversión en infraestructura y al aumentar precios por encima de niveles competitivos; de esta manera ejerciendo una influencia notable dentro del mercado en que se desenvuelve.

Ignoro si jurídicamente es válido que se le cobre esa cantidad de dinero a Claro en base a las quejas de 8 usuarios (sabiendo que la compañía atiende a millones), lo que si me queda claro es que 45 millones de dólares pueden ayudar a compensar los daños al mercado de telefonía móvil colombiano que ha hecho esa empresa, aprovechándose de esa posición dominante para que el hombre más rico del mundo conserve esa posición.

Otro tema que vale la pena abordar es si el Estado por fin se está tomando el trabajo de ‘adecuar’ este mercado para una sana competencia y por ende una mejor calidad de servicio, o si solo aprovecha la coyuntura para recaudar más dinero. Lo que debe pasar es que el Estado encuentra en esta adecuación un gran negocio, tanto por las sanciones como por las subastas del espectro, y mientras sea efectiva esta adecuación y se reinvierta este dinero en cosas como la reducción de la brecha digital todos salimos ganando. Pero este tema se deberá analizar más profundamente en otra ocasión.