Producción de celulares y otros equipos electrónicos tienen el potencial de gestar conflictos violentos

Todos los días millones de personas usamos nuestros smartphones para levantarnos de la cama, revisar las noticias, y compartir contenido en las múltiples redes sociales de las cuales hacemos parte. A través de sus pantallas comunicamos los momentos que componen nuestro día a día sin prestar mucha atención a la realidad que yace detrás de algunos de sus componentes.

Desde la pantalla táctil, hasta los condensadores y resistencias, son producidos a partir de un material comúnmente conocido como coltán, compuesto por los minerales columbita y tantalita, la última de gran atractivo para la industria electrónica debido a su uso en el desarrollo de productos de base tecnológica como lo son también las consolas de videojuegos, televisores y computadores, inclusive se puede encontrar en turbinas de aviones y en reactores nucleares.

El coltán es un material no renovable, con gran demanda en el mercado internacional y un elevado precio de venta, cuyas grandes reservas se encuentran en países como China, Brasil, y la República Democrática del Congo (RDC). En el último, la extracción del mineral ha generado grandes problemas debido a la guerra civil alimentada por su explotación. La misma que desde 1998 ha generado más de 6 millones de personas asesinadas y donde 4 millones de Congoleses han tenido que huir de sus hogares, algunos a países vecinos, debido al terror infundido por los grupos armados que controlan las minas.

Según las Naciones Unidas, los gobiernos vecinos de Ruanda y Uganda apoyan a estos grupos armados con la única razón de comprarles el preciado material a un valor muy bajo y luego venderlo en el mercado internacional. De acuerdo a estimaciones, el gobierno de Ruanda ha llegado a generar ingresos de alrededor de $250 millones de dólares en un periodo de 18 meses a partir de la venta del mineral, cuando es de conocimiento público que el país no tiene reservas del mismo.

Pero las muertes de civiles inocentes no son las únicas consecuencias que el conflicto ha dejado a su paso. La minería indiscriminada de este material ha generado también enormes secuelas ambientales. Grandes parques nacionales han llegado a ser controlados por los grupos armados, para luego ser quemados y destruidos, dándole paso a mineros locales, en su mayoría menores de edad que reciben entre 10 y 50 dólares por semana por un trabajo bajo condiciones de relativa esclavitud.

En 2010, el gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo del expresidente Barack Obama, pasó una ley que exige a las compañías del mismo país a asegurarse que los materiales en sus productos provengan de lugares libres de conflicto, lo cual según el grupo anti genocida Enough Proyect, ha causado un debilitamiento de los grupos armados ilegales en la RDC, y por lo tanto, de su poder sobre la población local.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y al hecho de que la segunda guerra civil Congolesa acabó en 2003, el conflicto aún continúa y se mantiene en gran parte a la falta de control internacional sobre la cadena de suministro global de este material. Problemática que ha comenzado a afectar a otros países suramericanos como Colombia y Venezuela, en donde hay regulación deficiente frente la extracción del mineral, y donde grupos armados y contrabandistas se están aprovechando de los altos precios para financiar sus actividades ilegales.

Una muestra más de como el desarrollo tecnológico puede influenciar, de formas inesperadas, la vida de miles de personas en el mundo.