Telecomunicaciones ¿Servicio público o privado?

Recientemente se suscitó gran polémica en la ciudad de Medellín por la fusión de dos gigantes de las telecomunicaciones, UNE EPM Telecomunicaciones y Millicom Colombia, fusión que finalmente aprobó el Concejo de la ciudad. Entre las críticas más sonadas estaban los rumores de despido masivo de empleados y un posible acuerdo para privatizar la compañía pública.

Sin embargo, el tema central para discutir es si una empresa de telecomunicaciones, que se mueve en un mercado innovador, dinámico y muy agresivo, puede operar competitivamente siendo una entidad 100% pública, sabiendo que éstas son muy lentas en la toma de decisiones y no responden tan eficientemente a cambios repentinos del mercado y del contexto como lo hacen las empresas privadas.

Aunque cabe destacar que al no tener presente una entidad pública se puede dejar de garantizar que toda la población pueda acceder a estos servicios, ya que el capital privado casi siempre busca operar solamente donde se encuentra aquella parte de la sociedad con altas capacidades económicas para el consumo.

Teniendo esta dualidad de conceptos, es válido considerar que siempre y cuando haya la seguridad de que el grueso de la población (los más pobres) va a tener la posibilidad de acceder a servicios de esta índole, se debe impulsar la mutación de las empresas de telecomunicaciones a una nueva figura que les permita ser competitivas y generar no solo la prestación del servicio a toda la población, sino la generación de utilidades para la re-inversión en políticas públicas.

Así pues, aunque UNE no estaba en quiebra, si venía perdiendo una parte de la torta del mercado y las previsiones dentro de su actividad en el mercado móvil no eran esperanzadoras; por lo que era obligatorio para la empresa no solo buscar socios estratégicos en el mercado móvil, sino también mutar a una nueva figura de empresa mixta (capitales públicos y privados) que le permita funcionar con el dinamismo que el sector requiere y asegurando la prestación de servicios a toda la población.

Eso sí, hay que estar pendientes de que esta nueva jugada estratégica no vaya en detrimento de la primera obligación del Estado, asegurar que en lo posible la población tenga servicios públicos, como lo es el de telecomunicaciones.