Mi jefe es una App (y me explota): ¿se debería regular el trabajo colaborativo?

En los últimos años América Latina ha sido uno de los grandes polos de desarrollo global de aplicaciones relacionadas con la prestación de servicios rápidos y a bajo costo. Tal es el caso de Rappi, quien en solo 3 años se ha convertido en una de los servicios de economía colaborativa más importantes del mundo, siendo valorada en más de 1 billón de dólares y contando con 18 mil repartidores en más de 30 ciudades de América Latina.

Es tanta la penetración de este tipo de servicios que sería difícil imaginar nuestra vida sin transportarnos en Uber, hospedarnos en Airbnb, pedir nuestra comida por Rappi o hacer diligencias irritantes a través de Glovo. Las Apps no son el futuro, sino el presente.

Sin embargo, a medida que estas compañías se toman el mercado regional, también han empezado a manifestarse los trabajadores asociados a las Apps por lo que ellos consideran precarias condiciones laborales, debido a que son tratados como socios independientes y no como trabajadores vinculados a las compañías. Esto implica que no existe vinculación contractual y, por lo tanto, responsabilidad social del empleador ni derechos laborales.

En Argentina, las protestas de los asociados a las Apps desencadenó que se creara la Asociación de Personal de Plataformas (APP), el primer sindicato de este sector que promete defender el trabajo digno de sus miembros. En Colombia, los Rappitenderos protestaron en octubre pasado en contra de los cambios en la aplicación que ocasionaron un deterioro en sus ingresos. Allí, el costo por servicio de domicilio pasó de COP $3500 a COP $1800 según Colombia Reports.

En este contexto, los parlamentarios chilenos Maite Orsini y Giorgio Jackson decidieron construir la iniciativa #MiJefeEsUnaApp, un proyecto legislativo para regular las relaciones laborales entre los trabajadores vinculados a estas aplicaciones y las compañías. En el país austral se estima que más de 120 mil personas se ganan la vida ligados a estas aplicaciones.

El proyecto pretende otorgar a los trabajadores cobertura médica obligatoria en caso de accidentes, remuneración de la jornada pasiva (el periodo cuando están conectados a la aplicación esperando por un servicio), libre elección de horarios sin superar las 12 horas diarias o las 45 horas la semana, notificación de despidos con 30 días de anticipación e indemnización, transparencia en la toma de decisiones, control a la arbitrariedad (como el bloqueo injustificado o la disminución unilateral de incentivos) y derecho a la sindicalización.

Según los diputados creadores, la iniciativa no pretende desconocer la importancia del desarrollo tecnológico y la innovación, pero manifiestan que esto no puede ser razón para ‘naturalizar‘ los abusos que sufren día a día los trabajadores.

Sin embargo, a pesar de su amplio apoyo entre los trabajadores, el proyecto ha encontrado algunas voces en contra dentro del parlamento. Para Francisco Eguiguren, diputado del derechista Renovación Nacional, este es un «proyecto de ley para el siglo XIX y no para el XXI» pues coarta la libertad al crear más barreras para estas aplicaciones, desincentivando la innovación y el emprendimiento. Para el diputado los lineamientos del proyecto harían estas aplicaciones «obsoletas«, lo cual afectaría
indirectamente el empleo.

Por su parte, el analista financiero Luis Fernando Baza considera que, en los casos de regulaciones económicas y operativas, «encontramos un deterioro considerable en la calidad de los servicios que brindan estas empresas y por supuesto un incremento sustancial en los precios de acceso a estos servicios, aspectos que han afectado al usuario final y a los mismos colaboradores de estas empresas».

Discutimos con Giorgio Jackson, uno de los promotores de la iniciativa, y nos manifestó que existen algunos obstáculos para la aprobación del proyecto. Primero, el lobby de las empresas en el congreso. Segundo, la concepción naturalizada de «autoexplotación» de los tiempos actuales. Pero, más importante aún, los promotores reconocen que «las encuestas de empleo registran estos trabajos precarios como una ocupación remunerada», por lo tanto «al regular estas aplicaciones, reconociendo esta nueva forma de subordinación y dependencia, las aplicaciones tendrían que hacer procesos de selección y se harían más transparentes los verdaderos números de empleo» algo que tendría un alto costo político para el gobierno.

De acuerdo a estas realidades políticas, es probable que la iniciativa no continúe su trámite parlamentario, sino que se busque tramitar mediante el proyecto de ley del gobierno chileno sobre flexibilidad laboral.

Independientemente de su aprobación o no, la iniciativa abre el debate en la región sobre la naturaleza del trabajo de las economías colaborativas. Serán los legisladores y el electorado quienes tendrán que sopesar las condiciones laborales con la libertad necesaria para la innovación y el desarrollo de la tecnología en un mercado cada vez más competitivo.