Por orden de la SIC, en un mes Uber desaparecería de Colombia

En una polémica orden la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que Uber no puede operar en Colombia. Anunciaron bloqueo de la app.

Una de las políticas más sonadas del actual presidente de Colombia es la de apoyar la economía naranja y emprendimientos de base digital. El mismo Iván Duque viajó en mayo a Silicon Valley para asegurarse de promover a Colombia como un país abierto a la inversión y dispuesto a transformarse de la mano de la innovación tecnológica. De esa visita aseguró haber logrado algunos compromisos para ayudar a los emprendedores del país.

Por lo anterior se esperaba que plataformas como Uber y muchas otras que llevan años esperando por una regulación podrían definir su situación, pero el anuncio de este viernes es una completa contradicción al apoyo anunciado por el gobierno a las nuevas tecnologías.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó este viernes la suspensión inmediata de Uber en Colombia, una decisión que tomó por sorpresa a todos, incluyendo los más de 2 millones de usuarios de la plataforma y 88.000 socios conductores.

Tras el anuncio de la SIC, los operadores móviles Tigo, Movistar y Claro, tienen como orden dejar de transmitir datos a Uber, de esta manera el gobierno se aseguraría de que la aplicación  no continúe operando. Para llevar a cabo dicha orden, los operadores tienen un mes de plazo.

La noticia fue revelada luego de la última audiencia por una demanda de la empresa Cotech S.A. en contra de Uber, disputa jurídica que se definió en contra de Uber por, según la SIC, actuar bajo competencia desleal. 

Desde la SIC concluyen que Uber viola las normas de regulación del mercado de transporte (sí, una regulación de décadas atrás), lo que le da una ventaja ante otros actores, por lo que Uber deberá suspender sus operaciones en Colombia incluyendo los diferentes servicios de transporte que se ofrecen dentro de la aplicación.

Vale la pena resaltar que durante los seis años de operación de Uber en Colombia la compañía ha recibido diversas multas, pero esta es la primera medida que amenaza con cortar el acceso a la aplicación a través de un bloqueo, lo que además pone en peligro la neutralidad de la red en Colombia.

Expertos aseguran que la medida podría traer más cosas negativas que positivas al país. Recientemente Uber anunció que no invertirá en Colombia los 40 millones de dólares que tenía contemplados para la construcción de su nuevo Centro de Excelencia. Aunque está claro que es momento para definir, de una vez por todas, una regulación para este tipo de plataformas.

Uber se defiende argumentando que opera bajo el margen legal en Colombia, pues cada año la empresa paga miles de millones de pesos en impuestos. La empresa envió una carta abierta a EL TIEMPO donde expresa su opinión contra esta sanción anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio. La compañía pide coherencia y una regulación que se ajuste a los tiempos modernos.

Aquí la carta de Uber

Desde hace 6 años Uber ha sido parte del desarrollo del país y ha mejorado las opciones de movilidad de millones de personas. Hoy es una opción tecnológica para más de dos millones de ciudadanos en Colombia y contribuye en la generación de oportunidades para más de 88.000 socios conductores, muchos de ellos discapacitados, mujeres y cabezas de familia, que han optado por una alternativa de autoempleo flexible para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, el pasado 20 de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio de manera sorpresiva e inédita produjo un fallo en contra del ordenamiento jurídico colombiano.

El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales, ordenando el cese de prestación de servicio de Uber. Un fallo que afecta principalmente a usuarios y socios conductores, reniega de la tecnología como elemento vital para la movilidad de las personas, y que tiene la potencialidad de perjudicar todo el ecosistema digital en el país.

Además de violatoria del derecho, esta decisión, que resulta contradictoria con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno nacional defiende y promueve. Nuestra prioridad es proteger los derechos de la comunidad que utiliza la aplicación.

El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales.

Decisiones como estas afectan el progreso científico y tecnológico, y perjudican la capacidad de generar o implementar modelos disruptivos necesarios para el bienestar continuo de una sociedad y son en buena parte, consecuencia de la ausencia de una reglamentación expresa del servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas.

Por ese motivo hoy pedimos, más que nunca, que se generen espacios con todos los actores- Gobierno, Congreso, gremio de taxistas- con el fin de generar una hoja de ruta que avance en ese propósito, en un marco de respeto y convivencia. La viabilidad de todo un ecosistema de movilidad, no solo de Uber, está en riesgo si no se asume esta postura.

Mientras se expida una reglamentación adecuada a la movilidad colaborativa, continuaremos reforzando nuestro compromiso con Colombia como lo hemos hecho desde el inicio.

Respetando la ley tributaria colombiana, en el último año y medio Uber ha aportado más de 70.000 millones de pesos en IVA por prestar servicios de tecnología desde el exterior. Uber no es el problema, es parte de la solución. Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades.

Hoy, lamentablemente, y por cuenta de este fallo, esa brecha es más grande. Crear una regulación específica que desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad intermediadas por la tecnología y que, sobre todo, tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de los ciudadanos es la tarea y respetar los derechos constitucionales de millones de colombianos.

Uber